La industria de la automoción hace tiempo que ha dejado de ocuparse únicamente de las necesidades de transporte de la población. Los desarrollos sociales han puesto de relieve otras demandas de los consumidores que exigen cada vez más a las empresas.

El ahorro del tiempo es una de estas exigencias: la duración media de los trayectos en transporte público en España asciende a los 44 minutos. Este tiempo de tardanza tiene mucho que ver con los atascos, que suponen un coste aproximad de 840 millones de euros al año. Además, hay que tener en cuenta las exigencias medioambientales y un escenario de reducción de las emisiones y del consumo de combustibles fósiles.

Las empresas automovilísticas, por eso, se enfrentan a tres retos fundamentales, según se afirma en el Informe Ejecutivo Automoción 2020-40 de Anfac, la patronal española de los fabricantes de automóviles.

  • Descarbonización y calidad del aire
    El entorno social exige una aceleración en el proceso de reducción de emisiones para la protección del medio ambiente y de la calidad del aire. Avances con los que los fabricantes están plenamente comprometidos. Nos encontramos en plena transición hacia una mayor eficiencia del combustible y un aumento del peso de los vehículos de energías alternativas en el mix productivo y en las ventas.
    La Unión Europea establece regulaciones específicas y muy ambiciosas sobre el vehículo, tanto en relación con las emisiones de CO2, relativas a la descarbonización, así como sobre la homologación de los vehículos para reducir las emisiones contaminantes (partículas, NOx, etc.) que condicionan la calidad del aire. Las empresas hemos invertido en desarrollos técnicos, dando como resultado fuertes reducciones en las emisiones de NOx y partículas con un 85% menos y un 90% que hace 15 años respectivamente, así como un 30% de CO2. Todos estos esfuerzos se han complementado con avances en la regulación en Europa con la incorporación de ensayos en condiciones reales de circulación para la medición de las emisiones contaminantes, siendo referencia exclusiva a nivel mundial.

    Sin embargo, no solo es responsabilidad del sector, ya que la mayor proporción de emisiones globales, el 80%, viene de los vehículos más antiguos. La edad media del parque de turismos en 2018 es de 12,4 años, uno de los más envejecidos de Europa occidental. El cambio del mix en el mercado viene también condicionado por la regulación (nacional y de las regiones y ciudades), que podría ser una herramienta útil para avanzar en la renovación del parque y para lograr un mix de vehículos más favorable para el objetivo medioambiental.

  • Despliegue de infraestructuras
    Para lograr esta descarbonización, evidentemente, no basta con vehículos cada vez más eficientes. Son necesarias, a su vez, unas infraestructuras de soporte adecuadas.
    Con unos 5.200 puntos de recarga, en 2018 España tiene una penetración inferior a la media de la UE (4,9 frente a 28,3 puntos de recarga rápida por cada 100 kilómetros de carretera), donde el 40% se concentran en 4 provincias. De aquí a 2040, para poder responder al futuro parque electrificado, España precisará multiplicar por 160 el número de puntos de recarga, incorporando más de 830.000 en 20 años.
    Actualmente, Canarias cuenta en la actualidad con 723 puntos de recarga, tanto públicos como privados, distribuidos en 165 localizaciones. De ellos, 372 se ubican en la provincia de Las Palmas y 351, en la de Santa Cruz de Tenerife.
  • Regulación inteligente
    La normativa ha de acompañar al desarrollo social y tecnológico, no ir por delante. Y ha de tener en cuenta a las empresas para no imponer cargas excesivas a unas cuents de resultados siempre en los límites de la rentabilidad. Así, las leyes han de dar respuesta a las necesidades que se creen en torno a la movilidad y que ésta no imponga ni el proceso ni la tecnología y plantee un tiempo acorde con una transformación ordenada.
    Además, la atracción de inversiones en el sector del automóvil está íntimamente ligada con la competitividad del sector y la seguridad jurídica y se encuentran condicionadas por las percepciones, tanto de los inversores como de los usuarios. Por ello, la regulación debe crear un marco atractivo para la producción de vehículos y el fortalecimiento del mercado interior, que mande una señal de apoyo a un sector comprometido con la nueva movilidad.